Perú
es uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a múltiples amenazas
naturales en todo el continente, según recientes estudios del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). En el período 1970-2010, el Perú se vio afectado por 109
desastres: 72% provocados por fenómenos climáticos (sequías, inundaciones,
heladas deslizamientos húmedos) y 28% por eventos geofísicos (sismos, erupciones
volcánicas y deslizamientos secos).
Estos
desastres causaron más de 74 mil muertes y afectaron a 18 millones de personas
(EMDAT, 2010). Durante este período, Perú fue el país latinoamericano con mayor
número de fallecidos y el segundo en afectados (solo detrás de Brasil, con una
población seis veces mayor). A nivel de daños causados por eventos climáticos,
se destaca el fenómeno de “El Niño”, que en sus episodios severos de 1982-83 y
1997-98 causó pérdidas estimadas de US$6.800 millones (Corporación Andina de
Fomento, 1999).
Los
sismos son otro de los eventos que han causado grandes pérdidas económicas al
país. Por ejemplo, el terremoto de Pisco en 2007 provocó daños por US$2.000
millones. En el último año, las lluvias han causado frecuentes inundaciones y
deslizamientos en las regiones de Apurímac, Cajamarca, Cusco y Huánuco,
afectando a más de 532.000 personas y dañando parcial o totalmente más de
54.000 viviendas. Las precipitaciones han destruido 5.000 hectáreas de cultivos
y han afectado otras 22.000 hectáreas (GdP (2007, 2011)).
Conforme
a un reciente estudio del perfil de catástrofe en Perú, elaborado por el Banco
(ATN/JF-9349-RS), el Perú tiene un valor
expuesto estimado de infraestructura de US$450.000 millones. En el escenario de
un sismo extremo similar a los ocurridos en Haití o Chile (con una recurrencia
mayor o igual a 100 años), el país podría incurrir en una pérdida de hasta
US$43.000 millones. El estudio concluye que en tal evento, el sector público
peruano no tendría capacidad financiera para cubrir los pasivos fiscales
asociados con dicha pérdida.
El
Índice de Gestión de Riesgos tiene una serie de desafíos que tiene que superar
y que son los siguientes:
1.El
país carece de un marco normativo e institucional que aborde estratégicamente
el riesgo de desastres a través de una gestión integral.
2.El
país tiene una capacidad limitada de planificación financiera para hacer frente
a las emergencias originadas por fenómenos naturales.
3.Uno
de los vacíos críticos del sistema de gestión de riesgos en el Perú es la
limitada capacidad de generación, acceso, análisis y difusión de la información
de datos espaciales sobre el riesgo.
4.El
marco institucional, legal y de políticas en relación al ordenamiento
territorial es incipiente, así como los mecanismos que incentivan inversiones
de prevención y mitigación en función del uso seguro del territorio y la
reducción del riesgo.
5.Las
capacidades nacionales de atención de emergencias y manejo de desastres
muestran debilidades crecientes, como se ha demostrado en eventos recientes.
Actualmente
tenemos en el país cuatro instituciones con competencias, responsabilidades y
funciones confusas. Estas entidades son:
1.La
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ente rector del sistema y
responsable del funcionamiento eficiente del mismo, de la gestión preventiva y
la reacción ante los desastres en todos los niveles.
2.CENEPRED
(Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres),
encargado parcialmente de estos procesos y de la reconstrucción.
3.INDECI
(Instituto Nacional de Defensa Civil), asume los procesos de preparación,
respuesta y rehabilitación ante los desastres.
4.Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), responsable del manejo de los recursos para los
procesos de la gestión correctiva y prospectiva del sistema.
La
Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) debería estar a cargo de una institución
que tenga un tratamiento uniforme e integrado y conservar una concepción
sistémica dentro de una estrategia nacional e INDECI debería asumir la rectoría
del SINAGERD –que no forma parte del sistema de seguridad y defensa nacional– y
absorber al CENEPRED y elaborar una nueva ley, que reconozca nuevamente los
comités de defensa civil locales y regionales.
