martes, 28 de febrero de 2012

Proyecto contra impunidad administrativa


Con el objetivo de fortalecer las facultades de las instituciones del Estado y evitar el uso de la vía judicial para obtener impunidad, el Congresista Marco Falconí Picardo presentó el proyecto N.º 431/2011-CR, Ley que modifica el artículo 23.3 de la Ley N.º 28165, Ley de procedimiento de ejecución ejecutiva.

El proyecto, presentado el 2 de noviembre de 2011, modifica el inciso 3 del artículo 23, referido a la revisión judicial del procedimiento, indicando que “La admisión de la medida cautelar suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente Ley. En los casos en que el administrado no cuente con la licencia de funcionamiento y haya sido objeto de sanción de clausura, la demanda será declarada improcedente por falta de legitimidad para obrar”.

Para nadie es un secreto que en nuestro país existen establecimientos que realizan actividades que van en contra de la moral, las buenas costumbres y sobre todo en contra de la seguridad ciudadana, como: bares, cantinas, licorerías, prostíbulos, que en su gran mayoría no cuentan con licencia de funcionamiento o cuyo funcionamiento está prohibido por la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que establece restricciones y prohibiciones para el funcionamiento de algunos de estos locales.

Actualmente, los propietarios de estos establecimientos, valiéndose del artículo 23.3, que señala que “la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva”, siguen atentando contra la salud de la población.

Con la modificación a la norma se busca evitar la impunidad y fortalecer instituciones como las Municipalidades, que no pueden aplicar las sanciones que les confiere la Ley Orgánica de Municipalidades debido al mal uso de las leyes y aprovechamiento de los vacíos legales en nuestro ordenamiento jurídico, puntualizó el Congresista Falconí.

martes, 21 de febrero de 2012

Reducción de vulnerabilidad del estado ante desastres


Perú es uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a múltiples amenazas naturales en todo el continente, según recientes estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el período 1970-2010, el Perú se vio afectado por 109 desastres: 72% provocados por fenómenos climáticos (sequías, inundaciones, heladas deslizamientos húmedos) y 28% por eventos geofísicos (sismos, erupciones volcánicas y deslizamientos secos).

Estos desastres causaron más de 74 mil muertes y afectaron a 18 millones de personas (EMDAT, 2010). Durante este período, Perú fue el país latinoamericano con mayor número de fallecidos y el segundo en afectados (solo detrás de Brasil, con una población seis veces mayor). A nivel de daños causados por eventos climáticos, se destaca el fenómeno de “El Niño”, que en sus episodios severos de 1982-83 y 1997-98 causó pérdidas estimadas de US$6.800 millones (Corporación Andina de Fomento, 1999).

Los sismos son otro de los eventos que han causado grandes pérdidas económicas al país. Por ejemplo, el terremoto de Pisco en 2007 provocó daños por US$2.000 millones. En el último año, las lluvias han causado frecuentes inundaciones y deslizamientos en las regiones de Apurímac, Cajamarca, Cusco y Huánuco, afectando a más de 532.000 personas y dañando parcial o totalmente más de 54.000 viviendas. Las precipitaciones han destruido 5.000 hectáreas de cultivos y han afectado otras 22.000 hectáreas (GdP (2007, 2011)).

Conforme a un reciente estudio del perfil de catástrofe en Perú, elaborado por el Banco (ATN/JF-9349-RS), el Perú  tiene un valor expuesto estimado de infraestructura de US$450.000 millones. En el escenario de un sismo extremo similar a los ocurridos en Haití o Chile (con una recurrencia mayor o igual a 100 años), el país podría incurrir en una pérdida de hasta US$43.000 millones. El estudio concluye que en tal evento, el sector público peruano no tendría capacidad financiera para cubrir los pasivos fiscales asociados con dicha pérdida.

El Índice de Gestión de Riesgos tiene una serie de desafíos que tiene que superar y que son los siguientes:
1.El país carece de un marco normativo e institucional que aborde estratégicamente el riesgo de desastres a través de una gestión integral.
2.El país tiene una capacidad limitada de planificación financiera para hacer frente a las emergencias originadas por fenómenos naturales.
3.Uno de los vacíos críticos del sistema de gestión de riesgos en el Perú es la limitada capacidad de generación, acceso, análisis y difusión de la información de datos espaciales sobre el riesgo. 
4.El marco institucional, legal y de políticas en relación al ordenamiento territorial es incipiente, así como los mecanismos que incentivan inversiones de prevención y mitigación en función del uso seguro del territorio y la reducción del riesgo.
5.Las capacidades nacionales de atención de emergencias y manejo de desastres muestran debilidades crecientes, como se ha demostrado en eventos recientes.

Actualmente tenemos en el país cuatro instituciones con competencias, responsabilidades y funciones confusas. Estas entidades son:
1.La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ente rector del sistema y responsable del funcionamiento eficiente del mismo, de la gestión preventiva y la reacción ante los desastres en todos los niveles.
2.CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres), encargado parcialmente de estos procesos y de la reconstrucción.
3.INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), asume los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación ante los desastres.
4.Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responsable del manejo de los recursos para los procesos de la gestión correctiva y prospectiva del sistema.

La Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) debería estar a cargo de una institución que tenga un tratamiento uniforme e integrado y conservar una concepción sistémica dentro de una estrategia nacional e INDECI debería asumir la rectoría del SINAGERD –que no forma parte del sistema de seguridad y defensa nacional– y absorber al CENEPRED y elaborar una nueva ley, que reconozca nuevamente los comités de defensa civil locales y regionales.

Analizan daños por lluvias torrenciales en Arequipa


Con el objetivo de analizar los daños sufridos por las lluvias y desborde de los ríos Majes y Camaná en las provincias de Castilla y Camaná, donde se  estima la pérdida de más de dos mil hectáreas de cultivos, el Congresista Marco Falconí Picardo se reunirá el jueves 16 de febrero, a las 10:00 a.m., en la sede del Gobierno Regional con funcionarios de Indeci.

A esta reunión han sido invitados los Alcaldes Provinciales y Distritales, así como los Presidentes de las Juntas de Usuarios y Presidentes de Comisión de Regantes, para que informen sobre los daños en sus jurisdicciones y se puedan adoptar medidas preventivas.

El Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, Dr. Marco Falconí, informó que la próxima semana se reunirá con el Ministro de Vivienda, Viceministros y funcionarios, a fin que el Poder Ejecutivo adopte medidas para apoyar a los damnificados.

Asimismo, para los días 22 y 23 de febrero, a las 9:00 a.m., en el Municipio Provincial de Camaná, se ha programado una reunión con funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas y de Defensa, a efecto de estimar los daños y valorizar los mismos en los formularios correspondientes y ser beneficiarios del fondo de contingencia.

El congresista Falconí indicó que los damnificados deberían tener un tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y del sistema financiero nacional.

En la última semana el Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, Dr. Marco Falconí Picardo, junto a su colega Tomás Zamudio, visitó diferentes lugares en las provincias de Castilla y Camaná, donde constató los gravísimos daños que han ocasionado los ríos Majes y Camaná en las defensas ribereñas, perjudicando especialmente los cultivos. 

Agricultores de Aplao lanzan SOS para salvar cultivos


Agricultores de Aplao y Corire, de la provincia de Castilla, demandaron al gobierno regional y central un mínimo de 20 máquinas pesadas para reforzar los reparos y diques construidos a lo largo del río Majes, que están siendo erosionados por el incremento de su caudal y que ha destruido sembríos y viviendas en los sectores de El Monte, Los Puros, Cochate, Querullpa, Cantas y Pitis, zonas inspeccionadas por el Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, Dr. Marco Falconí Picardo, junto a su colega Tomás Zamudio.

Tras la inspección, ambos parlamentarios coordinaron con el Ejército para que camiones, palas mecánicas y cargadores frontales sean trasladados al Valle de Majes y ayuden a la población afectada.

En su recorrido observaron que aproximadamente 100 metros de un reparo de 4 kilómetros, construido por los agricultores hace 40 años para proteger viviendas y chacras de Cochate, Los Puros, El Monte y Querullpa, quedó destruido, amenazando arrasar sembríos y viviendas de 57 familias en El Monte y 18 familias de Los Puros. Los agricultores informaron que desde el jueves no duermen por temor.

Frente a los daños, los pobladores apoyaron los trabajos de reforzamiento del reparo con un cargador frontal de la Junta de Usuarios del Valle de Majes y camiones alquilados, que transportaban gigantescas rocas desde Aplao; sin embargo aún es insuficiente.

20 mil kilos de arroz perdidos
El congresista Marco Falconí Picardo también inspeccionó el sector Capachica, en Aplao, donde el río Majes desapareció 2 hectáreas de arroz que en marzo debían producir 20 mil kilogramos. “Este fenómeno no es visto en el valle en los últimos 70 años, por eso necesitamos urgente ayuda ante que las desgracias serán mayores”, expresaron los afectados.

“El río Majes ha desaparecido gran parte de los cultivos extendiendo su cauce con los más de 750 m3 por segundo, por lo que es vital obtener el apoyo del Gobierno central para que atienda esta emergencia con maquinaria, combustible, trabajadores y roca preparada para efectuar los trabajos en este momento”, señaló Falconí.

Enrocado insuficiente
En los anexos de Cantas, Pitis y Sacramento, del distrito de Uraca, el alcalde, Ing. Manuel Alpaca, esperó y guió a los legisladores hasta el sector de Pitis, río adentro, donde las aguas arrasaron 300 hectáreas que iban a producir 4 millones de kilogramos de arroz.

“Estamos protegiendo los cultivos con rocas que traemos desde Aplao, gracias a los 160 mil nuevos soles entregados por el Gobierno Regional, pero esto solo sirve para 8 días, necesitamos más camiones, retroexcavadoras y petróleo, de lo contrario el río seguirá destruyendo los cultivos”, dijo el burgomaestre añadiendo que en todo el valle las pérdidas son incalculables.

Universidad San Agustín de Arequipa no cerrará sede de Majes



Tras las gestiones realizadas por el Congresista Marco Falconí Picardo, ha pedido de autoridades y jóvenes de Majes, por el posible cierre de la sede de la Universidad Nacional de San Agustín, el Rector de esa casa de estudios remitió los acuerdos del 17 de enero de 2012.

Entre ellos destacan, para beneficio de los pobladores de Majes, la ampliación por cinco años más del convenio tripartito entre la Universidad Nacional de San Agustín, el Gobierno Regional de Arequipa, Autodema y la Municipalidad Distrital de Majes, permitiendo que los jóvenes puedan acceder a educación superior de calidad.

Asimismo, se acordó integrar dos representantes del Distrito a la Comisión evaluadora para que vean que carreras se pueden adicionar a la sede de Majes, que serían incluidas en el proceso de admisión 2012.


Los representantes de la Universidad arequipeña se comprometieron a continuar con el funcionamiento de las carreras profesionales de Agronomía y Administración. Además, se estableció que hasta junio 2012 la UNSA debe tener el proyecto de presupuesto, incluyendo las plazas que requiera la sede de Majes.
Ver documento: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/congresistas/2011/20110519.nsf//pubsfoto/303B119EF5DBFA7C0525799D0077A83D/$FILE/CARTA_UNSA.PDF